El líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, solicitó al Tribunal Constitucional que se levante su prisión preventiva y sea puesto en libertad provisional.

El líder de ERC y ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, solicitó al Tribunal Constitucional que se levante su prisión preventiva y sea puesto en libertad provisional.

Según su abogado, Andreu Van den Eynde, se está vulnerando la presunción de inocencia de Junqueras ya que se le está presentando de forma pública y “constante” como “culpable en todos los medios de comunicación, información que proviene en muchas ocasiones de fuentes públicas o oficiales, de comentarios de miembros del gobierno o del Ministerio Fiscal”.

Además, el recurso considera que el Tribunal Supremo “no tiene competencia alguna para investigar o enjuiciar los hechos” que le atribuyen a Junqueras ya que no creen que sea responsable de los delitos de sedición o rebelión y añade que “la prisión provisional castiga la ideología del recurrente”, informó El Mundo.

El recurso reclama al Constitucional que anule las decisiones del Supremo de mantener a Junqueras en prisión preventiva y detalla las resoluciones de diciembre y enero pasado en las que salieron de la cárcel el resto de ex consellers pero el ex vicepresidente y Joaquim Forn siguieron en prisión preventiva. Además, indica que su presencia durante “más de 100 días” encerrado “destruye los derechos políticos de un parlamentario y los de la ciudadanía a quien representa” ya que salió elegido en las pasadas elecciones.

Evidentemente no lo han cometido porque no han cometido delito alguno, pero incluso a efectos dialécticos y asumiendo para nuestro discurso la atribución de los delitos de rebelión, sedición y malversación, no cabría en modo alguno determinar la competencia del Tribunal Supremo para su investigación y enjuiciamiento, con imposibilidad, además, de dictar resoluciones relativas a medidas cautelares personales”.

Por eso, añade que “rebelión y sedición, aunque atacan a bienes jurídicos diversos (la Constitución y el orden público, respectivamente), tienen una estructura similar cuyo verbo nuclear es el de “alzarse”. Estamos en presencia de lo que se denomina delitos de consumación anticipada. Ello quiere decir que el delito se ha perfeccionado con el alzamiento, en cualquiera de sus modalidades, y que la finalidad que se persigue no requiere ser alcanzada; es simplemente, la intención que guía al autor”.

El recurso considera que estos “presuntos alzamientos” se habrían “producido en Barcelona u otros lugares de Cataluña, es decir, donde se hubieran producido esas supuestas insurrecciones violentas. No hay noticia de que se haya cometido ninguna fuera del Principado. Huelga decir que la calificación que se baraja repetidamente como subsidiaria por el propio Tribunal Supremo, la de la comisión de actos preparatorios punibles, abogaría a fortiori por la inexistencia de actuaciones fuera del territorio catalán”. Incluso cree que pasa lo mismo con la presunta malversación ya que partiría del presupuesto de la Generalitat.

“Mi mandante, cuya familia estricta se componen de su mujer y sus dos hijos menores de edad, se encuentra, por mor de la resolución recurrida y las posteriores que le han denegado el traslado a un Centro Penitenciario próximo a Cataluña, a 650 kms de su hogar” añade el recurso que apela al Tribunal Europeo de Derechos Humanos para justificar la medida de prisión provisional siempre y cuando pueda “conducir a un deterioro de las relaciones familiares, sobre todo con respecto a hijos menores, puesto que tal situación de desapego podría dar lugar a daños irreparables de los que resultarían víctimas no sólo el investigado sino sus hijos menores”.

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