El presidente destituido de Cataluña, Carles Puigdemont, fue detenido el domingo por la Policía alemana por la euroorden de arresto cursada por la justicia de España, donde el líder independentista y cuatro de sus exconsejeros están acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, después de la declaración unilateral de independencia.

El presidente destituido de Cataluña, Carles Puigdemont, fue detenido el domingo por la Policía alemana por la euroorden de arresto cursada por la justicia de España, donde el líder independentista y cuatro de sus exconsejeros están acusados de rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, después de la declaración unilateral de independencia.

Puigdemont fue detenido en Alemania y cerca de la frontera de Dinamarca, cuando pretendía volver a Bélgica, país al que había huido hace cinco meses para evitar su detención en España. El expresidente compareció el lunes ante el juez en el tribunal de primera instancia de Neumünster, en Schleswig-Holstein, donde Puigdemont fue detenido.  Allí, le dictaron la prisión preventiva mientras se tramita su entrega a España. El proceso de extradición, que parece definitivo, puede demorarse hasta 60 días prorrogables.

Ahora, el tribunal superior regional está encargado de decir la última palabra sobre la entrega de Puigdemont a las autoridades españolas. La cuestión es que ¿a base de qué delitos será extraditado el expresidente de la Generalitat? Si la justicia alemana quiere acusar a Puigdemont de cometer el delito de alta traición-que equivale al de rebelión en la Constitución española-tiene que fundamentar esta acusación sobre la existencia de una violencia incitada por el expresidente durante el proceso independentista, algo que parece un poco complicado.

En cualquier caso, el arresto de Puigdemont, que consideraba el exilio como una “estrategia acertada”, fue un duro revés para el secesionismo catalán. Sin embargo, la caída libre del independentismo ya había comenzado mucho antes.

Las ambiciones separatistas en Cataluña nunca habían contado con el apoyo de la comunidad internacional y cuando el Parlamento catalán aprobó en octubre de 2017 la Declaración Unilateral de Independencia (DUI), los independentistas quedaron más aislados. Tras la DUI, todos los países europeos cerraron filas con el Gobierno de Mariano Rajoy. El resto del mundo tampoco ha respaldado la secesión catalana, a excepción de Israel que respalda la fragmentación de cualquier país en cualquier parte del planeta en busca de posibles aliados (No hay que olvidar el apoyo de Tel Aviv al referéndum de independencia celebrado el año pasado en la región del Kurdistán iraquí).

Los líderes independentistas aseveraban durante meses que una República catalana sería reconocida por los países europeos y planeaban el ingreso de Cataluña en la Unión Europea (UE) como un país independiente.  Aunque Europa reprochó la violencia ejercida por la Policía durante el referéndum y abogó por la solución de la crisis a través del diálogo, la DUI puso fin a todo esto.

Cinco meses después de que los líderes independentistas pusieran en marcha el proceso de separación, no solo Cataluña perdió su autonomía, sino también la estabilidad y la unidad. Los dirigentes secesionistas están inculpados, encarcelados o en el exilio.

Hay también otro obstáculo: la división. Después de los comicios regionales del 21 de diciembre, en los que los independentistas conservaron la mayoría absoluta en el Parlamento con 70 escaños de los 135, no llegaron a un consenso para elegir al presidente de la Generalitat. La formación Candidaturas de Unidad Popular (CUP) no apoyó la candidatura de Jordi Turull, elegido por otros dos partidos independentistas, porque no consideraba la postura de Turull bastante dura en una confrontación con Madrid.

Si la investidura no se lleva a cabo antes del 22 de mayo, Cataluña debe celebrar nuevas elecciones en julio, las terceras en tres años.

De hecho, los independentistas se enfrentan a un dilema, algunos quieren resistirá ante el gobierno de Rajoy y otros piden rebajar las tensiones para que Cataluña pueda crear un gobierno. La Izquierda Republicana (ERC), al que pertenece el presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, llamaba a la calma el domingo, cuando se registraron violentas protestas organizadas por grupos radicales próximos a la CUP tras la detención de Puigdemont.

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