La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra la cantante Shakira por 6 presuntos delitos contra la Hacienda Pública, a raíz de un supuesto fraude de más de 14,5 millones de euros en IRPF e Impuesto de Patrimonio.

La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra la cantante Shakira por 6 presuntos delitos contra la Hacienda Pública, a raíz de un supuesto fraude de más de 14,5 millones de euros en IRPF e Impuesto de Patrimonio.

La Fiscalía de Barcelona se ha querellado contra la cantante Shakira por seis presuntos delitos contra la Hacienda Pública, a raíz de un supuesto fraude de más de 14,5 millones de euros en IRPF e Impuesto de Patrimonio, tal y como avanzó La Vanguardia , al ocultar a través de sociedades su residencia fiscal.

La querella, en la que se pide que se la cite como investigada, apunta que la colombiana dejó de presentar la liquidación del IRPF e Impuesto de Patrimonio (IP) los ejercicios de 2012, 2013 y 2014 produciendo un perjuicio económico a la Hacienda Pública de 12,3 millones por IRPF y 2,19 millones por el impuesto de patrimonio, en este caso a la Agència Tributària de Cataluña.

Según la Fiscalía, la artista urdió un “plan” para no pagar ni el IRPF ni el impuesto sobre el patrimonio a Hacienda, utilizando un entramado de sociedades radicadas en paraísos fiscales que formalmente eran las titulares de los ingresos que percibía.

Concretamente, el ministerio público sostiene que la cantante “canalizó los movimientos de capital generado con su actividad profesional” -sus actuaciones o participación en el programa estadounidense ‘The Voice’ o la comercialización de perfumes con su nombre-, a través de empresas domiciliadas en Islas Vírgenes británicas, las Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo.

Además, añade la querella, la intérprete suscribió acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados “Tax Ruling”, para lograr unas condiciones “específicas y privilegiadas de tributación”, cuando ya residía en España y tenía la obligación de pagar sus impuestos en este país.

Según el ministerio público, la cantante utilizó ese entramado “con el deseo de no tributar”, a sabiendas de que “vivía de manera habitual en España y que permanecía en este país la mayor parte del año, a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales y sus actividades de ocio”.

Pese a que la cantante pasó en esos años más de 183 días en España, umbral en el que se la considera residente a efectos fiscales, la defensa de Shakira afirma que vivía en Bahamas, donde tiene una propiedad, por lo que no debía tributar en España.

La justicia sostiene lo contrario por diversos motivos: durante los ejercicios investigados pasó más de 183 días en España (243 en 2012, 212 en 2013 y 244 en 2014); sus estancias en el extranjero por conciertos fueron “esporádicas”; y no pasó ni un día en la vivienda de Bahamas, reafirmando que a todos los efectos era residente en España. No fue hasta 2015 cuando Shakira regularizó su situación tributaria en el país.

Con estas bases, la Fiscalía entiende que Shakira debía liquidar sus impuestos en España. En su lugar, la colombiana estableció un “entramado societario” para no ingresar dichas cantidades. La fiscal ha pedido que se le imponga una fianza de 19,4 millones de euros, equivalente al monto defraudado más un tercio.

Para la Fiscalía, una vez se inició la inspección y posterior investigación a la cantante, ésta “no aportó ni documentación ni información en relación a las rentas y el patrimonio”, alegando como motivo que no residía en España, y sólo la ha facilitado “a solicitud de la Agencia Tributaria”.

Shakira pagó hace unos meses 20 millones de euros correspondientes a las deudas e intereses que se le reclamaban por el año fiscal 2011, mientras que en los últimos días ha abonado otros 14,5 millones por los ejercicios de 2012, 2013 y 2014.

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