Cíclicamente hay temas que de la noche a la mañana aparecen como centro del supuesto debate político, sin que dentro de una lógica sensata podamos explicarnos cómo han llegado a ese lugar, en ese momento, eclipsando otros temas de mayor actualidad e importancia.

Cíclicamente hay temas que de la noche a la mañana aparecen como centro del supuesto debate político, sin que dentro de una lógica sensata podamos explicarnos cómo han llegado a ese lugar, en ese momento, eclipsando otros temas de mayor actualidad e importancia.

Lo que no es explicable dentro de una lógica sensata sí lo es por el contrario si atendemos a la “lógica” real de la impostura partidista, ávida, especialmente cuando se está en el gobierno, por sacar temas de intrascendencia real con los que entretener a las masas con la pretensión de mantenerlas distraídas de su verdadera inoperancia al frente de ese gobierno, o frente a los desmanes de los verdaderos amos del país -las oligarquías financieras-, a los que esos políticos mansamente sirven por más que en sus proclamas electoralistas intenten hacer ver lo contrario, como bien demostraron el inefable José Luís Rodriguez Zapatero y ahora su sucesor Pedro Sánchez.

En España, uno de esos temas recurrente en los últimos tiempos es el de la llamada “Memoria Histórica” por el cual se pretende hacer un revisionismo del pasado franquista del estado. En base a ello se han dictado leyes en parlamentos autonómicos y en el estatal a través de las cuales se pretende borrar, aunque sólo sea cosméticamente, toda referencia al pasado franquista de España.

Siguiendo estas leyes nombres de calles y edificios han sido sustituidos, elementos arquitectónicos y estatuas han sido retirados de la vía pública, y ahora, en una vuelta de tuerca que más parece un ataque de integrismo revisionista que otra cosa, se pretenden exhumar los cuerpos del General Franco y otros generales por considerarlos indignos de reposar en lugares públicos.

No soy yo quien diga que no habría que haber hecho un juicio al franquismo, mi propia familia sufrió las consecuencias de aquel régimen, ¿pero realmente es ahora 42 años después de haber muerto Franco, cuando ya no quedan con vida víctimas directas a las que resarcir ni culpables a los que castigar, cuando este tema, repito, y además en una mera forma cosmética y sin juicio alguno para los responsables, debe ser elevado al centro del “debate” político?.

Evidentemente ahora no es el momento de darle ese protagonismo. Pueden quitarse nombres de franquistas declarados de calles de nuestras ciudades y pueden llevarse a cabo los gestos testimoniales que se quiera, pero el verdadero juicio al franquismo debió hacerse en los años 80 del pasado siglo, cuando aún sí vivían muchas víctimas directas que podrían haber sido satisfechas aunque sólo fuera moralmente, y también muchos culpables que podrían haber recibido un castigo aunque igualmente este sólo hubiese sido moral.

El tiempo fue en los años 80 cuando Felipe González al frente del PSOE llegó al poder en España, pero evidentemente Felipe González estaba mucho más ocupado en no molestar a los militares y en servir a sus amos capitalistas llevando a cabo el desmantelamiento del sector público y del tejido industrial español, que en acordarse de las víctimas del franquismo.

Carlos Marx dijo aquella famosa frase de que la religión era el opio del pueblo. Si Carlos Marx viviera en la actualidad tendría que escribir toda una enciclopedia para describir los múltiples opios con los que hoy se enajena a ese mismo pueblo y que no proceden de iglesia o confesión alguna.

Pero es que además esta llamada “Memoria Histórica” adolece de un defecto fundamental, y es que es una memoria desmemoriada. Si nos atenemos a la historia de España en su configuración actual como estado constituido a partir de 1492 a raíz del fin de la conquista de los últimos territorios musulmanes de la península por los llamados Reyes Católicos, veremos que la actual configuración de España como estado tiene más de 525 años, pero estos “memorialistas” sólo parecen preocupados y su memoria sólo llega a lo que sucedió en España hasta hace 80 años, ¿pero realmente la historia negra de España no llega más allá de 1936?.

Evidentemente no es así, ni lo ocurrido a partir de 1936 es la mayor tragedia que la historia de este estado español ha padecido. España, tiene otros fantasmas ocultados en sus armarios, fantasmas a los que nadie quiere jamás referirse, ni los neomemorialistas ni por supuesto sus adversarios de la España nacionalcatólica.

En España se decretó la expulsión de los judíos en 1492 por esos mismos Reyes Católicos, Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, que hoy reposan tranquilamente y sin que preocupe nadie en la catedral de Granada. Esos mismos Reyes Católicos que fundaron la tristemente célebre Inquisición española y cuyas estatuas presiden el Congreso de los Diputados (parlamento español), igualmente sin que su presencia perturbe a ninguno de esos diputados tan defensores de la “Memoria Histórica” (y por supuesto regocija a los nacionalcatólicos).

Este decreto de expulsión afectó a entre 70.000 y 100.000 personas. Pero los judíos fueron resarcidos, no sólo con la anulación oficial de tal decreto de expulsión por el General Franco en 1969, sino también con la “reconciliación” formal entre la corona de España y los judíos llevada a cabo en la sinagoga de Madrid en 1992 con la presencia del entonces rey Juan Carlos I, pero sobre todo con la reforma del Código Civil en 2015 por la cual se concede a los judíos sefardíes (los descendientes de aquellos judíos expulsados) el derecho a la nacionalidad española.

Sin embargo esta tampoco fue esa tragedia ocultada a la que antes me refería. El gran tabú existente en España, el cuál une a derechas e izquierdas, a memorialistas y filofranquistas, a monárquicos y republicanos, todos hijos de este estado constituido en 1492, es el pasado musulmán de esta tierra, el cual, casi 800 años, está borrado de la historia oficial española.

Podríamos hablar de las crueldades de la conquista como la ocurrida en Sevilla donde el rey conquistador, Fernando III de Castilla, tras tomar la ciudad ordenó la deportación de toda la población autóctona en el plazo de un mes, dejando la ciudad vacía. Un acto de limpieza étnica que hoy sería por todos condenable. Pero a los desmemoriados de la “Memoria Histórica” no les perturba que este Fernando III repose tranquilamente en la catedral de Sevilla, sólo quieren exhumar a Queipo de Llano, un tétrico general franquista que está enterrado en una de las múltiples iglesias de la ciudad.

Podríamos hablar de muchos otros agujeros negros en la historia de aquella “España” anterior a 1492, pero entonces “España” no era España, no era ese estado “moderno” que se constituyó tras la conquista de Granada. No importa, la España actual aún guarda su gran fantasma, su gran tragedia, en el oscuro fondo del armario de sus secretos ocultos.

A pesar de que en las condiciones para la rendición de Granada los Reyes Católicos manifestaron que a los musulmanes no se les obligaría a convertirse al catolicismo ni podrían ser molestados por sus costumbres, lo cierto es que el 14 de febrero de 1502 se publica una Pragmática (orden) por la cual los musulmanes españoles deben optar entre el bautismo forzoso o la expulsión del reino. Así nace una nueva “clase social”, la del converso forzado, los que en adelante serían conocidos como “moriscos”.

La persecución a los musulmanes y a los propios moriscos fue implacable gracias a la Inquisición creada por los Reyes Católicos en 1478. No obstante no parece esta haber sido suficiente para la monarquía española y entre 1609 y 1613, bajo el reinado de Felipe III, se procede a la expulsión de los moriscos de España, en base a decretos en los que por ejemplo a los moriscos se le daba sólo 3 días para abandonar sus hogares y posesiones y acudir al lugar de embarque para su deportación, so pena de muerte que cualquiera que se los encontrase transcurridos esos 3 días desde la publicación de la orden podría ejecutar libremente. Recordemos, cuando hablamos de moriscos estamos hablando de propios españoles, que formalmente -e incluso en muchos casos de forma verdadera- profesaban ya la religión oficial del reino desde hacía un siglo.

La expulsión de los moriscos afectó a cientos de miles de personas, se calcula que entre 500.000 y un millón, entre una población total española que escasamente rebasaba los 5 millones de habitantes, lo que a su vez provocó el despoblamiento de grandes zonas industriales y agrícolas y con ello un tremendo perjuicio para la economía española, ya que eran los moriscos los conocedores de las técnicas industriales y agrarias.

Sin embargo la mayor de las pérdidas fue el drama personal que estos españoles, descendientes de musulmanes españoles, tuvieron que sufrir. Drama que a día de hoy no merece mención alguna por parte de los “memorialistas de pez”, ni por supuesto de los herederos de la España nacionalcatólica.

Ni los musulmanes españoles, ni los moriscos han recibido a día de hoy ningún tipo de satisfacción o disculpa por parte de la corona española ni de ninguna de las instituciones del Estado. Ni siquiera ninguno de los decretos de bautismo forzoso o de expulsión ha sido formalmente derogado (como sí lo fuera el decreto de expulsión de los judíos en 1969).

A día de hoy son muchos los descendientes de aquellos moriscos expulsados que en diferentes partes del mundo, especialmente en el norte de África, siguen esperando alguna satisfacción por parte de las autoridades españolas, aunque sólo fuese la satisfacción moral de ser reconocidos.

Nadie pide que se desentierre a los Reyes Católicos, ni a Fernando III, ni a Felipe III. Nadie pide ninguna compensación económica por todos los bienes robados a los andalusíes (musulmanes españoles) ni a los moriscos. Nadie pide ni tan siquiera que se quite de las calles el nombre de aquellos criminales que sembraron de terror y muerte España durante tantos siglos, ni que se demuelan los monumentos erigidos en su honor por doquier. Es más, nadie espera que el rey de España se digne a ofrecer disculpa alguna por nada de lo que hicieran sus antepasados contra estos andalusíes y moriscos.

Sólo una satisfacción moral a los herederos de las víctimas, sin revanchismo alguno, sin afectar a terceros. Sólo una satisfacción moral que no tiene coste económico alguno. Una satisfacción moral que reconozca como españoles a unos españoles a los que se les niega su condición por la simple razón de sus creencias o las creencias de sus antepasados tan españoles como ellos. Sólo eso… pero también eso se les niega a los descendientes de los andalusíes y moriscos expulsados de su patria.

Una satisfacción moral que vendría de la mano de una Ley de concesión de nacionalidad española a andalusíes y moriscos originarios de España similar a la promulgada en 2015 a favor de los sefardíes, y que en la práctica sólo consistiría en incluir esos dos términos, “andalusíes” y “moriscos”, en los artículos 22 y 23 de Código Civil, junto al de “sefardíes”.

Y que nadie se asuste (en España), eso en nada significaría que ni Andalucía ni España se fuera a ver “invadida” por descendientes de andalusíes y moriscos. Las condiciones requeridas los aspirantes a la nacionalidad por esta vía son tan difíciles de cumplir que incluso en el caso de los judíos sólo unas pocas personas han podido acceder a esta nacionalidad. Pero sí es una satisfacción moral que al menos queda plasmada en la letra de la ley.

Pues no, las autoridades españolas siempre han hecho caso omiso cuando se les ha planteado esta cuestión de mera justicia. Pero claro, cualquier cosa que aluda al pasado musulmán de España es tabú y atenta contra los principios fundacionales de propio Estado y las clases dominantes que siempre lo han sustentado.

Así se comprende que en España resulta mucho más cómodo que cuando se habla de memoria histórica, esta sea una memoria desmemoriada, puro ardid cosmético temporal.

Por: Mikail Alvarez Ruiz

España, del 31-E al 9-F

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