La ministra de asuntos judiciales israelí, Ayelet Shaked, asegura que Tel Aviv planea destruir Argelia, Marruecos y Túnez, según un informe.

La ministra de asuntos judiciales israelí, Ayelet Shaked, asegura que Tel Aviv planea destruir Argelia, Marruecos y Túnez, según un informe.

Así lo reveló el viernes la cadena palestina Qaza Now, en base a las declaraciones de Shaked durante una reunión sostenida el jueves con representantes del Comité de Asuntos Públicos Estados Unidos-Israel (AIPAC, por sus siglas en inglés).

Además, asegura el medio palestino, la ministra israelí catalogó a los argelinos, marroquíes y tunecinos de “estúpidos” e “idiotas” y pidió matarlos a todos “hasta que no quede ni uno de ellos”.

“Próximamente les haremos desaparecer de la faz de la Tierra (…) y ni uno de ellos (tunecinos, argelinos y marroquíes) quedará vivo después de que lo hagamos”, subrayó Shaked, mostrando el odio de Israel hacia los árabes.

En reacción a las declaraciones de la titular de justicia israelí, varios ciudadanos de los tres países mencionados han expresado en las redes sociales su rechazo y disgusto hacia Shaked y la han tildado de persona fascista y racista.

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No solo los argelinos, los marroquíes y los tunecinos sino ciudadanos de países árabes, incluidos los árabes-israelíes, son objeto del racismo institucionalizado en Israel hacia cualquier persona no judía e incluso los judíos que no se adhieren al sionismo también sufren varios tipos de racismo y limitaciones.

La existencia de racismo en el seno de Tel Aviv quedó corroborada con el polémico proyecto de ley “estado-nación”, promovido por el premier Benjamín Netanyahu, en el cual se estipula que solo los judíos tienen “derecho exclusivo a la autodeterminación nacional” en los territorios ocupados por Israel y elimina el árabe de las instituciones y escuelas, reconociendo en su lugar el hebreo como idioma oficial.

La aprobación de esa ley israelí provocó el rechazo de la comunidad internacional ya cansada del racismo y las políticas expansionistas de Israel en los territorios palestinos. Tampoco fue acogida entre los propios israelíes. Grupos defensores de los derechos humanos y algunos gobiernos occidentales consideran que se trata de una ley “racista”.

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