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La Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que comunique a la Mesa del Congreso y a la del Senado que “deben proceder a la aplicación inmediata” del precepto legal que obliga a la suspensión de los diputados independentistas presos.

La Fiscalía, en un escrito remitido al Supremo, solicita al tribunal del ‘procés’ que impulse la aplicación del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), que establece que cuando exista un procesamiento firme por delito de rebelión y se decrete la prisión provisional, el procesado que ostente un cargo público quede “automáticamente suspendido” de sus funciones, informó RTVE.

El Ministerio Público ha remitido este escrito un día después de que Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull y Raül Romeva, todos ellos en prisión preventiva, adquiriesen la condición de parlamentarios, y antes de que se convoquen las mesas de ambas cámaras para analizar si procede la suspensión.

La petición, que firman los fiscales Javier Zaragoza y Fidel Cadena, busca la suspensión de funciones de los cinco parlamentarios, sin tener que acudir a ninguna interpretación del Reglamento de las Cámaras, que era la opción que había apuntado el alto tribunal en el oficio que remitió la semana pasada a ambas Cámaras.

Este martes cuando se constituyeron las Cortes, PP y Ciudadanos reiteraron su petición a las Mesas del Congreso y del Senado de que suspendiera a los parlamentarios de sus funciones, exigencia que a la que también se ha sumado Vox. Este miércoles, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha asegurado que de acuerdo a la ley “todo indica” que serán suspendidos.

Los cinco presos electos pidieron antes de la sesión de constitución su puesta en libertad para ejercer sus funciones y también que se solicitara el suplicatorio a las Cámaras y que mientras tanto se suspendiera el juicio. Sin embargo, el Tribunal Supremo lo rechazó todo porque cuando concurrieron a las elecciones ya estaban procesados.

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El artículo 384 bis de la LeCrim ya fue aplicado a algunos de los ahora parlamentarios cuando fueron elegidos como representantes en el Parlament, en los comicios autonómicos del 21 de diciembre de 2017 a instancias del instructor del caso, Pablo Llarena.

De hecho, en su escrito, los fiscales aluden al auto del juez instructor, Pablo Llarena, en el que indicaba que el citado artículo de la Lecrim persigue “preservar el orden constitucional impidiendo que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática (…) puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad” cuando concurren los elementos que justifican la prisión.

Añadía Llarena que la aplicación de este artículo ya cuenta con el aval del Tribunal Constitucional, que lo estableció por sentencia en 1994, y que por ello la condición de parlamentario” puede ser visto por el legislador como inconciliable con la permanencia del procesado por estos delitos en el desempeño de funciones o cargos públicos o, más sencillamente, como incompatible con la concesión de cualquier permiso de salida de prisión para la eventual realización de actos concretos que suponga ejercicio de tal función o cargo”.

Precisamente, el pasado viernes el Supremo remitió un oficio a las mesas de las cámaras acompañado del auto en el que autorizaba a los cinco presos preventivos a acudir a las Cortes a adquirir la condición de parlamentarios “a los efectos procedentes”, es decir, para que los letrados de las cámaras analicen si procede suspenderlos.

Fuentes jurídicas consultadas por Efe indican que son las cámaras las competentes para tomar esta decisión dado que sus reglamentos contemplan la suspensión automática en el caso del Congreso, y por mayoría absoluta en el del Senado, eso sí, una vez concedido el suplicatorio, algo que el Supremo rechazó solicitar.

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